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Urge the Colombian Prosecutor General to Respect Due Process for Human Rights Activists

Colombian human rights activists are routinely targeted by prosecutors using trumped-up charges to stigmatize and silence them.

Carmelo Agamez is one of those victims. After spending his career defending the victims of paramilitary violence and calling out corrupt politicians, he was accused of being a paramilitary. Even the courts have agreed that his rights have been violated. Read more about his case.

Now is his chance for freedom: the Prosecutor General is deciding on his appeal any day now.

Sign our petition to the Prosecutor General asking him to treat human rights activists fairly. We'll send a copy to Agamez himself to show how much support he has.

(Click here to read an English translation of the letter below.)

Petition:

Estimado Fiscal General Interino General Guillermo Mendoza:

Detención Injustificada del Activista Carmelo Agámez

Le escribo para expresar mi preocupación por la injusta detención del activista de derechos humanos Carmelo Agámez. Felicito el liderazgo que su oficina ha mostrado en este caso y le insto a que finalmente cierre este proceso sin fundamento contra Agámez.

El 8 de Julio de 2009, el Fiscal General Mario Iguarán emitió una resolución (3230/2009) citando la falta de imparcialidad en la investigación en contra del activista de derechos humanos, el detenido Carmelo Agámez. La resolución a su vez inició una investigación penal del fiscal de Sucre, Señor Rodolfo Martínez Mendoza, por alegada corrupción en el proceso sin fundamento contra Agámez. Celebro la intervención que realizó su oficina en este caso, y su compromiso con los derechos legales del Señor Agámez y con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, me preocupa, que pasados 10 meses desde que su oficina emitió esa resolución, Agámez continúa detenido injustamente. Es mi entender que Agámez aguarda respuesta de su oficina a su apelación a la decisión de llevar el caso a juicio. Le insto a que apruebe la apelación de Agámez dada la naturaleza del proceso y las violaciones a sus derechos legales, las cuales detallo a continuación.

Agámez ha dedicado su vida a exponer las violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares, y a demostrar los lazos entre estos grupos y políticos y funcionarios locales. Antes de ser detenido, Agámez era el Secretario técnico del Movimiento de víctimas de crímenes del estado (MOVICE) en Sucre. En 2006, Agámez fue incluido en una "lista negra" paramilitar, y ha recibido numerosas amenazas de muerte por parte de los paramilitares. En noviembre 2006, la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares en reconocimiento de los riesgos a los que Agámez está expuesto como activista de derechos humanos.

Agámez fue arrestado y encarcelado el 15 de noviembre de 2008. Ha estado detenido por 17 meses acusado de conspirar con paramilitares, un cargo inverosímil dado su vehemente activismo en denunciar miembros de los grupos paramilitares. Por meses, Agámez estuvo detenido en la misma cárcel que los funcionarios públicos que él ayudó encarcelar por asociación con paramilitares. El proceso contra Agámez se basa en el testimonio no corroborado de dos testigos desacreditados quienes alegan que Agámez participó en una reunión con paramilitares en una fecha no detallada. Al negársele notificación de la fecha en la que supuestamente Agámez asistió a una reunión con paramilitares, se le niega a Agámez la posibilidad de proveer una coartada, a la vez que se violan sus derechos al debido proceso. Además, ninguno de los testigos es imparcial: Luis Carlos Ocón fue detenido recientemente luego que Agámez y MOVICE expusieran públicamente su alegado vínculo con paramilitares, mientras que Agámez estuvo envuelto en el arresto del hermano y el primo del segundo testigo. Muchos otros testigos han testificado que Agámez no participó en dicha reunión, y uno de los testigos retractó su declaración explicando que el fiscal la había inducido a contradecir falsamente a Agámez.

El 13 de mayo de 2009, poco antes de que su oficina emitiera la resolución 3230/2009, el Tribunal Penal de Sincelejo emitió un fallo determinando que el fiscal había violado los derechos de defensa y debido proceso a Agámez al no informarle de los cargos y evidencia en su contra.

Como resultado de la resolución de su oficina, el caso de Agámez fue transferido al fiscal de antiterrorismo 28 en Bogotá donde se esperaba una resolución de preclusión. Sin embargo, el 4 de noviembre de 2009, el nuevo fiscal emitió la decisión de llevar formalmente a juicio la falsa investigación contra Agámez. El fiscal no ofreció ninguna evidencia adicional contra Agámez, ni tampoco trató las irregularidades en el proceso que señalara su oficina en cuanto a las pruebas y el debido proceso. Agámez apeló la decisión del fiscal de llevar el caso a juicio, pero casi seis meses más tarde no ha recibido respuesta a dicha apelación. El Artículo 168 del código antiguo de procedimiento penal colombiano (Ley 600/2000), que el Fiscal ha decidido aplicar a este caso, declara que el funcionario debe emitir una decisión en un término de 10 días. Este término debe aplicar a una decisión de esta naturaleza, y ciertamente seis meses constituyen una demora demasiado larga. También tengo preguntas acerca de por qué se está utilizando este código cuando el arresto de Agámez es posterior a la vigencia del nuevo código penal.

Le insto a que apruebe la apelación del Señor Agámez y no lleve su caso a juicio.

Gracias por su atención a este asunto urgente. Continuaré siguiendo de cerca esta situación.
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